Cuando la jueza Elizabeth Raddi le dijo que permanecería en el pabellón Cura Brochero del penal de Benjamín Paz durante al menos 60 días, el adolescente acusado de llevar un arma a una escuela secundaria de San Cayetano y sus padres estallaron en llanto durante la audiencia. La medida, según explicó la magistrada, fue tomada para que los especialistas terminaran de establecer el porqué de su conducta.
Según explicó la auxiliar Jimena Castro, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, un compañero observó que, al intentar sacar un objeto del bolsillo de su pantalón, cayeron unas balas. El testigo avisó a las autoridades del establecimiento educativo, quienes denunciaron el caso a la Policía. Los uniformados se presentaron en la escuela El Salvador y, sin que se registraran incidentes mayúsculos, lograron quitarle un revólver calibre .38 y seis cartuchos que no estaban colocados.
El revólver fue peritado y los especialistas indicaron que era operativo, es decir, podía ser utilizado, y que las balas estaban en perfectas condiciones. Por esa razón, Castro decidió acusarlo de tenencia de arma de guerra.
“Esa arma no es mía, me la encontré y la llevé para mostrarles a mis compañeros”, habría declarado el acusado por recomendación de su defensor. El padre, según confiaron fuentes judiciales, habría asegurado que el revólver se lo había entregado un amigo para que se lo cuidara y que su hijo se lo había sacado sin su autorización. Con esa declaración, el fiscal Fernández deberá decidir si también debe abrir una causa en su contra.
Para los operadores judiciales y los profesionales que intervinieron, este es un caso extraño. El acusado es padre de un bebé de 10 meses con el que no vive, pero sí se hace cargo de su manutención y educación. “Cuando estaba en el Centro de Admisión y Derivación, su madre llevó al pequeño para que lo viera. Ese encuentro fue muy emotivo”, explicó una fuente.
Los profesionales informaron que el adolescente no tiene antecedentes penales. Remarcaron que trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut y que no tiene problemas de adicción. Los especialistas también indicaron que demostró tener conductas poco comunes para su edad. Asimismo, recalcaron que, por asumir esas responsabilidades, no realiza actividades que debería tener un chico. Por esa razón, recomendaron que sea atendido por especialistas en salud mental.
Sobre su entorno familiar, el equipo interdisciplinario dijo que sus padres no tienen antecedentes. Señalaron que vive en el barrio Autopista Sur junto a sus cinco hermanos, una cuñada y su sobrino. Todos los hombres de la casa trabajan y aportan para la economía del hogar. No perciben planes sociales, sólo la asignación familiar por hijo.
Los pesquisas tratan de establecer por qué llevó el arma a la escuela. Según testimonios de los responsables del área de educación, en los últimos tiempos el acusado había tenido problemas de conducta. Al fiscal Fernández le llegó la versión de que podría haber amenazado a una docente del establecimiento educativo. Procura identificarla para tomarle declaración.
Por lo pronto, el joven está acusado de un delito que contempla una pena de cumplimiento condicional, pero, al tratarse de un menor de edad, será excarcelable. Más allá de la cuestión jurídica, la jueza Raddi dejó perfectamente aclarado que la medida que tomó en su contra es para que intervengan los profesionales y definan cuál fue la razón que motivó la decisión de asistir armado a su escuela. Una vez que se realice un diagnóstico, se resolverá su situación procesal.